Un remoto pueblo de valle amazónico de Perú ordenó que todos los migrantes venezolanos deben abandonar la ciudad antes del 20 de diciembre, una medida que no tiene valor alguno bajo la ley peruana.
“La expulsión ha sido aprobada”, dijo el martes a The Associated Press Yover Solís, vocero del alcalde del distrito de Pichari, un pueblo de más de 20 mil habitantes ubicado en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Las autoridades peruanas consideran que el extenso valle en el que se localiza Pichari es el lugar donde se produce más cocaína en el país. En Pichari se ubica el cuartel de las fuerzas armadas y policiales más importante de la región.
Solís dijo que el alcalde, Máximo Orejón, “no está de acuerdo con la decisión tomada el fin de semana por la asamblea vecinal, pero que debe ‘respetar’ la decisión”. La expulsión fue aprobada en un local del municipio por 126 votos a favor y 50 en contra
No existen cálculos exactos del número de migrantes venezolanos que viven en Pichari, pero Solís indicó que habían más de 200. El ministro del Interior Carlos Morán dijo a la prensa que Perú rechaza “toda práctica de xenofobia”.
No existe ley peruana que despoje a una persona en territorio nacional de su libertad de circulación o residencia. Carlos Scull, embajador nombrado por la oposición venezolana, dijo en un comunicado que ven “con preocupación los hechos ocurridos en el distrito de Pichari, donde un grupo de ciudadanos ha pretendido tomar medidas contrarias a la Constitución Política del Perú y a los compromisos internacionales adquiridos en detrimento de la comunidad venezolana”. Naciones Unidas aprobó en 1985 una resolución en donde “queda prohibida la expulsión individual o colectiva” de los extranjeros “por motivos de raza, color, religión, cultura, linaje u origen nacional o étnico”.
En lo que va del año otros dos municipios han intentado, infructuosamente, ejecutar medidas contra migrantes venezolanos.
El municipio de Pisco buscó recolectar de forma obligatoria los datos personales de los venezolanos que viven en la zona. Además, el alcalde de la provincia de Huancayo también impulsó una ley municipal para dejar su jurisdicción “libre de venezolanos”. Ambas decisiones fueron desactivadas posteriormente por posibles juicios contra las autoridades por el delito de discriminación.
El 30 de setiembre, minutos antes de que el presidente Martín Vizcarra ordenara el cierre del Parlamento peruano, una legisladora del conservador partido Fuerza Popular, Esther Saavedra, también pidió al gobierno que utilizara al ejército para cerrar las fronteras y evitar que Perú se convierta en “el patio fronterizo de América Latina”, y sacar del país a los inmigrantes venezolanos “malos o buenos”.
La cálida bienvenida que recibieron los migrantes venezolanos en los últimos años se ha enfriado en Perú. Datos de Naciones Unidas apuntan a un aumento en el número de migrantes y refugiados venezolanos que reportan haber sufrido discriminación en Sudamérica. Perú documentó 500 incidentes en un lapso de dos semanas a través de una línea telefónica de denuncia.
No obstante, el impacto fiscal de la migración venezolana a Perú ha sido positivo de acuerdo a un estudio que difundió BBVA Research a principios de mes. En 2018 los venezolanos pagaron $175 millones por impuesto general a las ventas y $7 millones por impuesto a la renta. El estudio también indica que la mayor parte de los inmigrantes venezolanos tiene más años de formación académica que el promedio de la población peruana.
De acuerdo a la agencia de migraciones peruana, en el país hay más de 830.000 migrantes venezolanos. Perú es el segundo país con más migración venezolana en el mundo, sólo detrás de Colombia.
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