UE exige una investigación por la muerte violenta en Venezuela del capitán Acosta

La muerte del capitán naval Rafael Acosta durante los interrogatorios en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ha provocado un terremoto político en Venezuela, con reacciones por todo el continente y también en Europa. Tanto España como Francia y Alemania, así como la UE, han exigido el esclarecimiento de un caso que ha confirmado lo que durante los últimos años denunciaban familiares, organizaciones de derechos humanos y abogados defensores: la práctica constante de torturas en los calabozos de la revolución.

La prestigiosa ONG Provea registró al menos un centenar de casos durante 2018, el 75% cometidos por los agentes de la Dgcim, cuyo director es el general Iván Hérnandez Dala, que funge a su vez como comandante de honor de la Guardia Presidencial y jefe de la Casa Militar de Nicolás Maduro.

“Demandamos investigación independiente de las circunstancia y respeto a debido proceso e integridad física del resto de personas bajo custodia de cuerpos de seguridad”, reclamó Josep Borrell, ministro de Exteriores.

“Una investigación completa e independiente es necesaria para que los responsables rindan cuentas”, destacó en un comunicado Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la UE, quien añadió que se trata de “otra cruda ilustración de la naturaleza arbitraria del sistema judicial y de la falta de garantías y derechos.

COMUNICADO DE LA ONU

Michelle Bachelet también se ha manifestado, a través de un comunicado hecho público por Naciones Unidas, “conmocionada” y “profundamente preocupada por la muerte bajo custodia” del capitán Acosta, “tras ser supuestamente torturado”. La Alta Comisionada de Derechos Humanos ha añadido que “es imperativo que las autoridades venezolanas lleven a cabo una investigación rápida, exhaustiva, eficaz, independiente y transparente”.

Precisamente la detención del capitán naval se llevó a cabo el 21 de junio, cuando Bachelet todavía se encontraba en Venezuela. La ex presidenta chilena dejó a dos oficiales de derechos humanos en Caracas: la española Sara Nuero y el mexicano Carlos de la Torre. Uno de los acuerdos alcanzados con el gobierno bolivariano es que ambos tendrían acceso a los centros de detención.

Bachelet también analiza si el caso Acosta se trata de una desaparición forzada, ya que estuvo desaparecido durante siete días tras su detención. La Alta Comisionada urge al gobierno de Maduro a que los otros detenidos en el operativo (seis militares y dos comisarios) reciban la visita de sus abogados y familiares.

CASO ALBÁN

La petición de una investigación independiente es imposible en la actual Venezuela, como ya se constató el año pasado tras el “suicidio” del concejal opositor Fernando Albán, cuyo cuerpo cayó desde un décimo piso de la sede de la policía política. El Parlamento democrático y sus familiares acusaron a los agentes gubernamentales del asesinato de Albán, quien también habría sufrido torturas para obligarle a grabar un vídeo contra Julio Borges, expresidente del Parlamento.

“El que ha cometido un crimen no puede investigarse a sí mismo”, respondió Gonzalo Himiob, director de la ong Foro Penal. Luisa Ortega, fiscal rebelde exiliada en Bogotá, ha puesto en marcha su propia averiguación para el esclarecimiento de la muerte “por torturas durante su arbitraria detención en la Dgcim”.

DOS AGENTES DETENIDOS

El abogado Alonso Medina Roa, defensor del capitán Acosta, ha desvelado que el gobierno ha detenido a dos agentes de la Dgcim para convertirles en cabeza de turco, aunque “simplemente les van a imputar el delito de homicidio burlando el tema de la tortura”. Medina insistió en que “desde hace mucho tiempo hemos venido denunciando la institucionalización de las torturas en Venezuela y la falta de acción de los organismos competentes”.

El capitán fue presentado ante los tribunales una semana después de su detención y no dentro de las 48 horas que marca la ley, una práctica habitual de los agentes gubernamentales. Durante ese tiempo, según las organizaciones de derechos humanos, aplican torturas y malos tratos para conseguir confesiones e implicaciones contra otras personas, casi siempre grabadas en vídeo.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene previsto hacer público su informe sobre Venezuela el próximo viernes, el mismo día que Maduro ha dispuesto la celebración de un gran desfile militar. En la actualidad, más de un centenar de militares están detenidos, acusados de traición a la patria y otros delitos.

“Yo, Waleswka Pérez, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta, exijo y exhorto al régimen a que me entreguen el cuerpo de mi esposo asesinado impunemente. ¡Ya es suficiente! Es mucho dolor y la tristeza que tenemos”, clamó la mujer del capitán naval hoy lunes.

El asesinato del capitán Acosta también ha echado por tierra la reanudación de los diálogos entre gobierno y oposición con la mediación del gobierno noruego, prevista para esta semana. Las posturas se habían acercado de nuevo, incluso se había elegido a Barbados como sede circunstancial del encuentro.

“Seguimos recabando información sobre este crimen para profundizar acciones. Nadie, absolutamente nadie, puede permanecer indiferente ante este horror, y mucho menos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada”, adelantó Juan Guaidó, presidente encargado.