Esta semana, dos de las tres principales agencias calificadoras de riesgo mundiales Standard and Poor’s, y Fitch le otorgaron al Estado venezolano una calificación de default restringido, lo que indica que el país ha dejado de cumplir con algunas de sus obligaciones. Con anterioridad, estas agencias habían tomado acciones similares con Pdvsa después de que esta compañía no realizo a tiempo los pagos de amortización de los bonos con vencimiento en 2017 y 2020.
Para muchos esto puede sonar algo complicado y confuso, pero la realidad es que detrás de estas bajas calificaciones, por los impagos de la deuda es que los acreedores de la deuda decidan ir a cortes para obligar el cumplimiento del contrato, por ello se ha visto que días anteriores el gobierno se ha pronunciado diciendo que este ha pagado dentro del plazo, pero las continuas sanciones contra el país dadas por Estados Unidos retrasan la implementan de las transacciones.
De manera que para entender los verdaderos costos de un default para el país, vendrían luego de no cumplir los plazos de pago, y que la República sea demandada y hasta embargada, en este punto se le exigiría un pago de manera inmediata de $99,4 millardos en capital e intereses de bonos y pagarés hoy emitidos por la nación, Pdvsa y otras empresas del estado, lo cual seria imposible para el Estado venezolano.
Hay que tomar en cuenta que la nación tiene importantes activos situados fuera del territorio nacional, como Citgo, y sus refinerías en Estados Unidos, las cuales representan un 4% de la refinación en aquel país del norte, el embargo de activos como estos, acarrearía una contracción mayor para la economía venezolana que ya esta realmente golpeada.
Lo anterior se traduce como menos divisas para la importación, es decir, mayor escasez e inflación al haber menos oferta de productos y servicios para la demanda de los venezolanos, una moneda con menos fuerza adquisitiva.
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