Los demandantes en este caso son la Unión Americana por los Derechos Civiles, la organización de derechos civiles más importante de Estados Unidos, en representación de todos aquellos que han sido afectados por la política de separación de familias migrantes que el Gobierno viene aplicando informalmente desde el otoño pasado. A partir de mayo, se convirtió en una política abierta de “tolerancia cero”.
Bajo ese término, lo que hizo el Gobierno fue procesar por lo penal a todos los adultos que cruzaran la frontera, sin excepción. De esa forma, las familias debían ser separadas, pues los menores no pueden estar más de 20 días detenidos. Este nuevo criterio provocó un caos en los servicios fronterizos, con padres separados de sus hijos en prisión o deportados y, por otro lado, menores repartidos por el sistema de acogida como si hubieran llegado solos a la frontera. En algunos casos, son tan pequeños que no saben hablar o no saben sus apellidos. Trump revirtió esta política ante el escándalo unánime.
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